- María Luisa Ruíz denunció jaloneos, empujones y golpes durante su ingreso a instalaciones municipales, así como amenazas de ser remitida al Ministerio Público.
- Artículo 19 dice que es una práctica de intimidación
La periodista María Luisa Ruíz fue detenida en el municipio de Santiago Miahuatlán, en Puebla, por presunta usurpación de funciones, luego que no acreditara el medio para el que labora, y grabara a los policías durante un operativo en la vía pública.
La reportera se encontraba en el centro de Santiago Miahuatlán, cuando comenzó a documentar con su teléfono una movilización policial. Elementos municipales se aproximaron para exigirle “acreditación” y cuestionar su labor; posteriormente, ordenaron su detención y la trasladaron en una patrulla a la comandancia pese a que les dijo en diversas ocasiones que era periodista y sólo estaba haciendo su trabajo.
De acuerdo con el testimonio recabado por Artículo 19, la periodista denunció jaloneos, empujones y golpes durante su ingreso a instalaciones municipales, así como amenazas de ser remitida al Ministerio Público.
La detención fue instruida por el director de Seguridad Pública municipal, Benigno Valencia Pérez.
Tras el uso de la fuerza y el hostigamiento policial, la comunicadora, quien padece hipertensión y diabetes, requirió atención médica y fue hospitalizada.
“Estos hechos resaltan la importancia de que las autoridades atiendan los riesgos diferenciados, particularmente cuando se trata de mujeres periodistas y adultas mayores que enfrentan barreras adicionales para denunciar y acceder a protección”, destacó Artículo 19.
Para la organización, una de las cosas más preocupantes de su caso es la amenaza de judicialización por “usurpación de funciones”, argumento utilizado para justificar el aseguramiento y disuadir la documentación de un asunto de interés público.
“Condicionar el ejercicio periodístico, o el derecho de cualquier persona a registrar hechos noticiosos en espacios públicos, a exhibir una credencial, ‘registro’ o vínculo formal con un medio viola estándares nacionales e internacionales. En contextos de violencia contra la prensa, estos requisitos se convierten en herramientas de control, censura indirecta y riesgo, al exponer a periodistas a detenciones arbitrarias y represalias”.
